El Derecho a la Dignidad es el fundamento de los Derechos Humanos

Si nos referimos al fundamento de los Derechos Humanos interesa señalar que se trata del derecho a la dignidad. Se aprecia una cuestión de enorme calado jurídico porque la dignidad, que equivaldría a respeto, se configura como la primera motivación, la razón de ser de todos los Derechos Humanos.

El hecho de que la Constitución, art. 10.2, reconozca que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, (resolución de la Asamblea General de la ONU de enorme peso moral y político, cuyas obligaciones en ella contenidas se han convertido en costumbre universal, obligaciones con fuerza jurídica) y acuerdos o tratados  internacionales ratificados, ello puede valorarse desde una vertiente optimista. Esta disposición abarca una cierta garantía en cuanto a que son derechos operativos en la comunidad internacional. Se desprende que el derecho a la dignidad es el valor añadido que se ha de proyectar en la interpretación de los tratados internacionales integrándolos en  el ordenamiento interno. Es un derecho marco que afecta la estructura de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Podríamos establecer que el Derecho a la Dignidad actúa en tal sentido y fuerza que amplia y determina nuevos derechos reconvertidos en humanos, necesidades y exigencias, desde el Principio de la Realidad y no otro, que van incorporándose en el ordenamiento interno. Como consecuencia a todo lo dicho, el art. 10.2 CE se muestra como una invitación a completar el elenco de los derechos humanos con otros nuevos que surgen y surgirán a lo largo de nuestra historia jurídica.

La otra vertiente, su otra cara pesimista, sería la que los derechos fundamentales no son otros, sin más, que  los que reconoce la Constitución, y además vulnerados, y con escasas garantías, ya que a menudo son interpretados arbitrariamente, tal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha demostrado, a lo largo de distintas sentencias, y no  con arreglo a la Declaración Universal de DD.HH  y tratados  internacionales.

Cabe decir, por lo que atañe a Cataluña, que el Estado  español no solo sigue vulnerando el debido respeto, la debida dignidad, sino que persiste en el incumplimiento de sus obligaciones que comporta nuestros derechos como catalanes, nuestra invocación al derecho a decidir en toda su magnitud, la desconexión que se habrá de pactar tarde o temprano.

Barcelona 

Diciembre 2015

Informe relativo a la INCONSTITUCIONALIDAD de la denominada "Ley Mordaza" del PP.

Desde una perspectiva conservadora se potencia y reviste el art. 104 CE. En el marco del art. 149.1.29.ª CE la ley tiene por objeto  la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. También es cierto que  esta ley teóricamente tiene su fundamento constitucional en el art. 81.1 CE relativo al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Se dota a esta nueva ley una actualización del  régimen sancionador conforme a los cambios sociales operados en el Estado. Ante el binomio libertad-seguridad,  se  concretiza  en  determinar nuevas funciones  a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como  garantizar la seguridad ciudadana.

A mi entender se parte  de un ideario excesivamente conservador.  El legislador se muestra  preocupado por equilibrar derechos y libertades y seguridad,  pero con el acento puesto en  la seguridad, de tal manera que pueda "imponerse limitaciones proporcionadas a los  derechos y libertades para conseguir una efectiva seguridad".  Se ha de destacar que el texto entrecomillado procede del proyecto de ley orgánica, aún para aprobar. En la Ley aprobada se ha suprimido tal referencia. En la Exposición de Motivos, el texto aprobado queda delimitado en los siguientes términos:. “Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades, no un fin en sí mismo.” El texto final de la Exposiciones de Motivos tiene otro estilo más aseado y conciliador con los derechos fundamentales y libertades, pero los artículos que desarrollan la ley siguen siendo los mismos en lo substancial

Argumentos de carácter inconstitucional.

-El art. 16.2 de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) determina que cuando no sea posible la identificación por cualquier medio, incluida, la telemática o telefónica, las Fuerzas de Seguridad podrán requerir al sujeto, para impedir la comisión de un delito, que les  acompañe a comisaría por un tiempo máximo de seis horas. Percibo de que podría tratarse de una detención ilegal, una vulneración del art. 17.1 CE.  Si no hay  intención de poner al sujeto a disposición judicial podríamos establecer que se produce una retención contra la voluntad del sujeto, y por tanto se cometería  una detención ilegal.

-El art. 20 LSC sobre registros corporales externos permite practicarse el registro corporal externo y superficial del sujeto cuando existan indicios racionales para suponer que pueda conducir al hallazgo de instrumentos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aprecio que si el indicio es racional no cabe una suposición, lo que motivaría un abuso de racionalidad arbitraria que comporta y concluye en irracionalidad, por lo que afectaría al derecho de la intimidad, del art. 18 CE. No se puede generar un estado policial de prevención y registros corporales externos en base a suposiciones revestidas de indicios de racionalidad que equivaldría a mera intuición adivinatoria o irracional.

-Sorprende el art. 36.4 LSC sobre infracciones graves cuando se produzcan actos por los que  se obstruye a la autoridad, impidiendo su actuación, sin que sean constitutivos de delito. Resulta por lo menos contradictorio, indeterminado y un ataque al principio de seguridad jurídica. Desconocer de qué se le acusa –se ha de informar de la acusación, art. 24.2 CE-  a un sujeto que no ha cometido ningún delito equivaldría sin más  a un Estado policial. Además de vulneración del art. 24.2 CE, se ha de tener en cuenta el art. 25.1 CE. Nadie puede ser …sancionado por actuaciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito…Todo ciudadano ha de tener una orientación, una seguridad jurídica, así como una garantía política de que no pueda verse sometido por parte del Estado a la mera arbitrariedad, contradicción e indeterminación.

-El art. 36.23 LSC determina  infracción grave el uso no autorizado de imágenes a miembros de las Fuerzas de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. En este caso, se trata de otra vulneración a un derecho fundamental como es el de la información.  El  art. 20 CE indica que se reconocen y protegen los derechos a comunicar  o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Pero no sólo vulnera el derecho a la información. Se aprecia también otro ataque al art. 24. 2 CE. Me estoy refiriendo en concreto al derecho a la defensa,  a utilizar los medios de prueba pertinentes (para la defensa). Por lo tanto, no hay otra interpretación que no sea  que se trata de un artículo que vulnere al mismo tiempo dos derechos fundamentales, que garantizan precisamente la libertad de expresión y el derecho a la defensa. Se altera de forma contundente  de nuevo la seguridad jurídica que ha de ser configurada y respetada por todo Estado de Derecho Democrático y Social que se precie.

-La sorpresa que encierra  el art. 43.1 de la LSC tiene un cierto origen franquista.  El precepto   reputaría  un ataque al derecho a no ser discriminado,  por cuanto se crea, a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia, en el Ministerio del Interior, un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana. No cabe duda de que el art. 14 CE sería llamativamente susceptible de ser violado.  Mi interpretación se asentaría en la probabilidad real en que se estaría discriminando por falta administrativa, falta política esencialmente, lo que significa un intento de señalar o marcar (criminalizando administrativamente)  al sujeto infractor con la pretensión de posibilitar su control así como la de facilitar la detención por causa penal, una clara discriminación.  Todos somos iguales ante la ley. Por ello, no  puede prevalecer ningún tipo de discriminación, criminalización, control o prevención encubierta mediante Registros Centrales. Recuerda tiempos del antiguo régimen franquista cuando se expedían los certificados policiales  de buena conducta.

-Por último, la categorización de las declaraciones de los agentes de la autoridad, que recoge el art. 53 LSC (52 LSC en el texto aprobado) es otro atentado constitucional. En concreto afectaría al art. 24.1 CE, debilitándolo,  porque se persigue prescindir de la tutela judicial efectiva.  La palabra de un agente se categoriza hasta el extremo de ser considerada valor probatorio, constituyéndose la Administración “en juez y parte” ante los procedimientos sancionadores de la administración. Se infiere un grave desequilibrio en el orden procesal administrativo. Todo aquello que podría estar controlado por un juez bajo los preceptos del derecho penal pasaría a manos administrativas. Este precepto abre la puerta a la Administración en reconvertirse en juez y parte en los procesos que se abran como más arriba indico.

Jordi Sanchís Masdeu
Noviembre 2015

Els Drets Humans són valors

Tothom estaria d’acord que l'origen dels Drets Humans rau en el sofriment de l'home, un ésser moral, que es mou per interessos i sentiments propis i socials. Probablement, també sigui cert que aquest sofriment ha fet i fa pensar la manera per la qual l'home pot acomodar-se a una existència digna configurada per necessitats i exigències bàsiques.

El principi de la realitat, i no de l'arbitrarietat o de la fantasia o de la il·luminació espiritualista, proposa acords entre persones de diverses i diferents cultures a escala global, universal, si bé no exempta de dificultats. Els Drets Humans són les obligacions dels demés que m'han de permetre ser humà. Però també s'ha de subratllar que la representació del món que els éssers humans tenim si no va revestida de realitats individuals, per tant  empíriques i concretes, no té sentit per manca de contingut.

El present no s'entén sinó és mitjançant la història de les tragèdies individuals i col·lectives. La lluita de l’home i dels pobles per subsistir  davant la naturalesa que se'ns ha mostrat sempre hostil és un paradigma de voluntat. Tot i que la dinàmica de la realitat orienta a l'home, les seves necessitats i exigències s'han de resoldre des de la seva voluntat de saber i  la llibertat d'acció que li permetin adquirir un coneixement emancipador. Es tracta, de gaudir del poder ascendent nietzscherià en totes les seves dimensions que el faculta d'afrontar la vida amb dignitat.

Tampoc hi hauria cap dubte en admetre que teoritzar a partir de veritats universals, definides com a exigències tant individuals com socials, es  una tasca en constant renovació en base al principi de la realitat. Una teorització és inútil si no té projecte pràctic, un benefici per l'home.

Els Drets Humans s’han d’estructurar en benestar a través de la voluntat del legislador. Tanmateix s’han de projectar en la superació del sofriment davant la naturalesa hostil i arbitraria. Pensem només en les malalties i en les catàstrofes. Per aquells que se’ls ha ocorregut basar els Drets Humans en l’iusnaturalisme, només recordar-los que la naturalesa no té voluntat. La naturalesa només entén el llenguatge de l'atzar. No té voluntat, tret de recorre a la divina o panteística, irrellevant en termes jurídics. En altres paraules, només l'home gaudeix  de voluntat per a transformar la realitat.

Per altra banda, no és menys cert, recordar que sovint les paraules  teixeixen i simulen coses. L’home, a través de la seva voluntat de saber, confereix a les paraules sentit, intenció i significació. Les estructura per a comprendre, les processa per a explicar-se la realitat. En suma, si estructura i processa és per assimilar la realitat i transformar-la sense obeir a cap ideal de la raó. 

En cap cas aquestes creacions provenen de la raó, de la que es deriva l'idealisme clàssic. Assolir normes o drets amb projecció universal no poden tenir-se en compte mitjançant cap ideal que la raó fabrica per falsejar la mateixa realitat en que vivim. Per això ja tenim a il·luminats, egocèntrics i fanàtics que conformen el món  de la decadència. Són creacions ascendents que comporten aptituds i actituds que l’home sota el principi del plaer sostreu de la realitat, dels seus instints vitals.

De tot el que hem dit fins ara, es desprèn que l'home és creador de valors. En aquest sentit, podem establir que els Drets Humans són una creació estètica, una manifestació de l'ètica, entesa aquesta com  la conducta de la societat en el seu conjunt mitjançant el respecte a les minories. Sense la bellesa de l'acció difícilment pot haver ètica. Els Drets Humans no són només creacions col·lectives, sinó també realitats que el realisme jurídic va configurant  des de la praxis jurídica i judicial del dia a dia. de cada Estat. Són creacions que parteixen de la realitat,  del conjunt de directius, pràctiques acceptades per tots els actors en continua interrelació.

Per entendre aquesta proposta, cal diferenciar ètica i moral. Els drets no els configura el subjecte  per a regular la seva conducta. Els drets parteixen de les demandes legítimes expressades a les urnes per necessitats i exigències pel clam, pel cor del poble -on la tragèdia tenia el seu punt culminant a l'antic teatre grec- i que ara es predica a l'hemicicle  de qualsevol parlament democràtic.

Prefereixo referir-me a l'estètica de l'acció social i democràtica en comptes de l'imperatiu categòric, de la guia moral kantiana de cadascun, llei personal, que no seria la mateix per un ciutadà europeu en relació a un saudí o iraní, països de moral basada en la Sharia. De moment el relativisme predomina a l'escena internacional, tot i que mai podrà ocultar ni tant sols justificar l'idealisme doctrinari d'algunes religions absorbents i la realitat de la cultura masclista de molts països.

És obvi a més que la pretesa universalitat de l'imperatiu kantià decau davant les teocràcies i els islamites. És una inutilitat insistir amb aquests règims. Caldria una persistent diplomàcia silenciosa per establir la democràcia amb totes les seves dimensions i virtuts, deixant de costat els relativismes interessats, les creences antropològiques i morals divines, en aquests països dominats per la por i l'ascetisme. Per aquest motiu, sóc escèptic en tant que els Drets Humans només són un projecte, i no una realitat, a escala universal.

Podem concloure que els Drets Humans proposen la superació de misèries i sacrificis estèrils per part dels més desafavorits. L'objectiu se centra en evitar el sofriment inútil. Els Drets Humans són l'instrument de projecció universal encara no assolida. Són l'eina més idònia, lliure de connotacions religioses i moralistes, per donar solucions a les  necessitats i exigències on hi ha mancances, absències i penúries a qualsevol racó del món. 

Jordi Sanchís Masdeu

Barcelona 14 de juliol 2015

Comentari sobre el "delinqüent organitzat"

Postulats que defensen la "normalitat del delinqüent". 

http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-03.pdf

En un principi els autors contextualitzen el perfil del delinqüent organitzat en base a Bovenkerk, enfocament psicològic. Els autors de l’estudi ressalten que un perfil de lideratge, com a factor individual, en una organització criminal no difereix del d’una empresa legal. Entenc que l’estudi es  deslliga i descarta la perspectiva biopsicopatològica, que contempla al delinqüent com un ésser anormal o tarat (tesi de la criminologia tradicional). S’ha de destacar també que no sempre hi ha una correlació determinista en l’edat sobre l’inici d’una carrera delictiva. No es percep en el perfil del delinqüent organitzat una adolescència existencial i desarrelada, que malmet  el lliure arbitri. No s’examina al delinqüent com si fos un producte del codi biologista i genètic o una determinació social, ni com un ésser minusvàlid incapaç de governar-se, ni tampoc  una víctima de les injustícies socioeconòmiques. La normalitat del delinqüent estableix que la carrera es pot configurar mitjançant lligams socials, en un procés interactiu de comunicació permanent i dinàmic. També l’estudi contextualitza la similitud i sinergies que hi ha entre criminalitat organitzada i l’econòmicfinancera o de coll blanc, la qual cosa ens apropa a considerar amb més força el concepte de normalitat del delinqüent. En suma, no hi ha rastre d’infractor anormal, tal com havia establert la criminologia tradicional ni es pot conceptuar un prototipus de criminal. Hi ha una normalitat del delinqüent. Totes aquestes referències serveixen per a facilitar l’estudi en qüestió. Es constata que no tots els subjectes responen al mateix perfil, sinó que el delinqüent es considera integrat socialment quant a família, parella estable, fills... El subjecte no és un ésser solitari. Són delinqüents adults normals que infringeixen les lleis sense cap patologia. L’estudi es pregunta pels factors que permetin saber la integració en aquesta delinqüència adulta que té família, derivant la resposta a noves investigacions. Els postulats dels que defensen la normalitat del delinqüent assenyalen que l’ésser humà és enigmàtic, complex, però un home com qualsevol altre. Però el que no deixa dubtes és que si el 60% dels delinqüents organitzats mantenen el seu treball legal en paral·lel a la seva activitat delictiva organitzada, hi ha una correlació clara amb la normalitat delictiva. De forma conseqüent estem davant de la normalitat del delicte ja que qualsevol persona, condicionada per ella mateixa, pels altres i pel medi, capaç de sorprendre i transgredir lleis, per raons que no podem entendre com si fos un enigma. El crim seria considerat un parèntesi en la vida de la persona, un fet sense connotacions patològiques específiques. Aquest tipus de delinqüent organitzat no concorda amb l’estereotip del delinqüent configurat per les tesis dels clàssics (un pobre pecador que no sap gestionar la llibertat), ni pel positivisme (el delinqüent, com una concatenació configurada pel determinisme biològic o social),  com tampoc pel  correccionalisme (ésser desvalgut) o marxisme (una “víctima innocent” del sistema).  El delinqüent organitzat és un conglomerat de individus “normals”, una parcel·la d’activitat que delinqueix, una normalitat del fenomen delictiu en el sentit estadístic i sociològic.  Per aconseguir un diagnòstic científic cal obviar  prejudicis i mites que han distorsionat la imatge del delinqüent. S’ha d’entendre en essència que  el delinqüent és un individu normal que infringeix les lleis. L’estudi finalitza amb una proposta basada en l’exploració en profunditat per identificar els factors o condicions d’aquest tipus de criminalitat, demostrant que el perfil dels subjectes analitzats no respon a un únic perfil sociodemogràfic.

Barcelona, març 2014

Jordi Sanchís Masdeu

La corrupció com a voluntat de delinquir en base a Nietzsche i al Codi Penal

Afrontar el problema de la corrupció comporta la temptació  de furgar l’interior de la voluntat de poder de Nietzsche. Però també és molt cert que s’ha de tenir cura de no confondre conceptes, i tenir un mínim de coneixement de filosofia grega, així com estar en disposició en tractar amb respecte els fonaments de l’obra de Nietzsche,  perquè ens podríem trobar en el més espantós ridícul  intel·lectual, com aquells que confonen logos amb  pathos, invent amb descobriment o la naturalesa filosòfica (de Nietzsche)  amb el dret del medi ambient, en el pitjor dels casos.

No es pot  ignorar que aquesta voluntat de poder  s’ha de comprendre com una unitat conceptual i dinàmica. També és veritat que la voluntat de  poder  té la seva base en el concepte heraclià de naturalesa, com un esdevenir. Cal preguntar-nos sobre  el seu joc ascendent, i per tant vital. Per una banda el que ara ens ha d'importar és destacar que la voluntat de poder queda determinada per l'acció creativa, en la plàstica del desig de saber que encarna Apol·lo, la deïtat de la bellesa més perfeccionada.  I en segon lloc aquesta voluntat de poder s'ha de construir mitjançant la rauxa, l'exuberància i l’èxtasi de Dioní, la deïtat de l'acció, de la representació immoral del principi bàsic de l'estètica, en la plenitud de  l’harmonia del cor, la veu del poble, com a voluntat vital d’alliberament i plaer davant el drama que ofereix  la naturalesa amb la que s'ha de conviure. La simbiosi d'estètica i ètica immoral (o material com desprès apuntarem)  en un sol concepte s'emmarca en la tragèdia grega de Sòfocles i Esquil. La voluntat de poder, de viure, de lluitar, s'ha de focalitzar en la naturalesa que és el món, la nostra tràgica realitat, un panteisme que assenyala el nostre univers, pel qual ens hem d'obrir pas de forma ascendent. L'essència de la voluntat de poder i la seva projecció no és altra que la transvaloració dels valors de la raó corrupta de Sòcrates (Kant la  va sistematitzar en ètica formal) en nous valors com els de l'ètica material (no confondre amb l'ètica materialista d'Aristòtil), que persegueix l'eliminació del sofriment com a principal objectiu. De manera clara i concisa, si Nietzsche  va posar fi a l'ontologia de l'idealisme, desmantellant-la, per aplanar el camí al neopositivisme, i per tant a la ciència del segle XX, també és veritat que va permetre la reivindicació del saber pel qual  l'home de voluntat ascendent segueix el seu curs panteístic, o el que és el mateix un estil de vida postmodernista (postmaterialista), sense importar-li la vulgaritat i la decadència dels que volen i no poden.

Però sí podem associar  la corrupció des de la vessant contrària a la voluntat de poder. Nietzsche es va servir del concepte ascètic –com oposat i dinàmic al vital- per formular que només sotmeten aquells que no tenen perspectives de ser lliures perquè la seva naturalesa és d’esclaus. Són corruptes als ulls del cor que clama i persegueix llibertat. La capacitat dels corruptes es limita a sotmetre, mitjançant diversos formes i motius, a altres ciutadans que no poden escapar-se del seu corrosiu poder de captació. La moral del corrupte es concep en disputa interna sense que  sigui capaç de sintonitzar amb el seu esdevenir en col·lisió social o externa. En aquest moment estructural, durant el processament dels diferents estats anímics que es van succeint, l'esmentada moral del corrupte, absenta ja de  possibilitats de resolució en harmonia amb la naturalesa del món,  perd el sentit de la realitat, claudica en la desesperació de no ser allò que bategaba a la consciència com a ideal, i desemboca en amoralitat.  Aquesta amoralitat o moral ascètica queda retratada per l’ideal del racionalisme -cas de Sòcrates, Plató, Kant, capellans i ascetes-, falsejant la realitat, en un autèntic frau, i reconvertint-la en vulgar. Estaríem davant  la figura del corrupte, de  l’asceta nietzscherià,  l’oposat al qui exerceix la voluntat de poder a partir de la voluntat ascendent que  juxtaposa  en una unitat conceptual la bellesa apol·liníaca i l’acció exuberant, totalment aliena als ulls del vulgar, origen de la tragèdia que desplega la seva escenificació, la seva teatralitat,  per a afrontar la realitat.

Un poder etern ascètic,  comú i habitual entre esperits dèbils, que s’ha anat configurant a través de l’Historia, com un etern retorn, construint un bucle insalvable, té la seva raó de ser entre els fracassats, els tramposos i els corruptes. Es tracta de l’etern poder reptilià i no d'altre. Si realitzéssim una radiografia jurídica penal ens sortiria probablement un xoriço representant la funció de serp, buscant algun ximpanzés del seu ideal (1)

Exposada la radiografia del xoriço, independentment de si el corrupte  pernocta en una fonda de carretera o en un hotel de cinc estrelles -el contingut de xoriço no canvia, segueix sent un corrupte-, la primera idea que sorgeix se centra en la finalitat o significació política-criminal. El corrupte té com a objectiu, com a finalitat, la desviació de l'interès general envers l'interès privat que ha de beneficiar a algú del seu univers o al mateix subjecte actiu (a n'ell mateix).  El qui influeix en un funcionari públic o autoritat  per a aconseguir una resolució favorable als seus interessos, amb ple domini de les seves facultats, amb coneixement de la no imparcialitat, passant-se per alt el principi d'igualtat d'oportunitats i condicions, no es pot escapar del seu predomini o força moral com a tràfic d'influències.


La vessant objectiva del tipus de delicte sempre ens ha d'establir una valoració positiva del béns jurídics protegits sobre el principi d'igualtat  sense que pugui prevaldre cap discriminació o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, a tenor de l'art. 14 CE,  així com el principi d'imparcialitat en la funció pública que ens estableix  l'art. 103 CE. Aquests principis ens han de servir de motor d'arrencada. Són béns jurídics protegits i consagrats per la Constitució. Per tant, es deriva el deure objectiu i s'ha d'identificar la infracció amb l'injust del fet. Comet delicte qui aprofita tant la seva especial relació de partit polític com qui projecta la seva relació d'influència personal amb l'encarregat de resoldre qualsevol concurs o qüestió de Dret  Administratiu quant a poder adjudicador en el sector públic o   qualsevol arranjament d'oposició pública de l'Administració. La  finalitat rau en que el resultat  es resolgui al seu favor o de l'amic o del parent de torn. Però la resolució, l'injust del fet, podríem a més contemplar un delicte de prevaricació i de suborn, en concurs medial amb el de tràfic d'influències, provocant la seva esmentada resolució i realització. Si apliquem la teoria de l’equivalència de condicions, podem percebre que sense la premissa causal –l’influència i la prevalença d'abús- no s’hauria produït la vulneració del ben protegit. La relació causal confereix  el benefici econòmic per a sí o per un tercer. No es tracta de la simple recomanació ja que aquesta no té per què afectar la decisió que  s'adopti, en paraules del catedràtic F. Múñoz Conde (2). Si bé aquesta qüestió inserida en la consciència social  no és del tot pacífica entre penalistes  per la seva habitual i alegre  pràctica a l'Administració, i que acaba sovint en significació antijurídica.  Dit això, i reprenent el fil polític criminal, es produeix una vinculació normativa teleològica entre l'acció -pressió psicològica, per sintetitzar- i el resultat material  -el benefici econòmic immediat o indirecte-  com a conseqüència de l'existència de prevalença. Estaríem, sense cap dubte, davant d'una comissió per un delicte de tràfic d'influències sobre funcionari o autoritat, infringint els articles 428-430 Cp, en concurs medial, si s'ha produït prevaricació i suborn. La capacitat d'influir és fruit de la voluntat, intencionalitat i de l'instrumentalització del corrupte, elements subjectius del fet típic que conformen l'imputació objectiva.

Pel que fa la vessant subjectiva, el corrupte no posa fre dins de la seva llei personal, en  vulnerar la norma objectiva, la tipificació. És autor de l’injust que de forma intencionada amb coneixement i voluntat, com a conducta punible, apareix en comissió dolosa amb l'ànim d'aconseguir un benefici econòmic. La infracció s’identifica en culpabilitat o imputació subjectiva, fonamentada en l’exigibilitat d'haver actuat o procedit d’una altra manera, desvalorant els béns jurídics del principi d'igualtat davant la llei sense que pugui prevaldre cap discriminació i el d'imparcialitat en la funció públic. Són conductes antijurídiques, contraries a Dret, que es plasmen en la voluntat de delinquir a través de la pressió psicològica  quant a influir i prevalença.

Als esperits lliures -deia Nietzsche- no els hi cal sotmetre a ningú per la simple raó de que són lliures, no tenen moral d'esclaus en el sentit més pejoratiu possible.  Es tracta d'una tautologia per refer l'orde del discurs. I malgrat això, només exerciten la voluntat ascètica -la d'influir, la d'establir un domini de prevalença mitjançant pressió i abús  per assolir un benefici econòmic- aquells corruptes, executors d'ideals de ximpanzés, que  gaudeixen de  l'aplaudiment i  reconeixement del seu propi  univers reptilià, i no d'altre.

(1) He parafrasejat  l’aforisme 39  de Crepuscle dels ídols de F. Nietzsche.
(2) Dret Penal, part especial, de F. Muñoz Conde, Editorial Tirant lo Blanch, 18 ª edició, pàg. 1045.

Barcelona 12 de febrer 2013

"...Where the people are many and their hands are all empty,
Where the pellets of poison are flooding their waters,
Where the home in the valley meets the damp dirty prison,
Where the executioner's face is always well hidden,
Where hunger is ugly, where souls are forgotten,.."

Jordi Sanchis Masdeu

Filosofía del Derecho

“Mi justicia…es la justicia de la libertad, la justicia de la democracia, en suma es la justicia de la tolerancia.”

Hans Kelsen 

1. Conexión necesaria entre el Derecho y la Moral: Dworkin.

El concepto del Derecho como Integridad, que articula contenido con interpretación, tiene su origen en Ronald Dworkin. Este prestigioso profesor de las universidades de Yale y Oxford afirma que la identificación de lo que el Derecho es en sí depende de consideraciones políticas y morales sobre las que (el Derecho) éste debe ser, aquello que la sociedad necesita y exige, haciendo irrumpir los juicios de valor que configuran su significación (la del Derecho). Ciertamente, la determinación de lo que el Derecho es depende de su adecuación con la moralidad: la conexión necesaria entre Derecho y Moral. El ejemplo clásico es el caso Riggs-Palmer en el que Dworkin señala que la aplicación mecánica –juez automático o cognoscitivo/formal- de las normas no siempre es tan clara y precisa como eficaz. Esta situación de incertidumbre nos lleva ante la “penumbra” de las normas cuando no hay claridad: una indeterminación jurídica. El juez, sobre el caso Riggs-Palmer, se encontró con un componente moral de gran magnitud ya que el acusado había asesinado a su abuelo para cobrar su herencia; y no había ninguna norma ni jurisprudencia que contemplasen la posibilidad de no cobrar esta herencia. El juez hubo de hacer uso de la interpretación, que según Dworkin, siempre contiene consideraciones morales, como una cuestión fáctica y además valorativa, desmarcándose así de la postura de Hart –filósofo británico del Derecho que dedicaremos nuestra atención en posteriores trabajos por su potente relevancia intelectual y jurídica-. El juez hubo de descubrir criterios de validez moral en razón a sus intereses interpretativos. La vinculación moral estaría servida como una palanca de praxis social. El razonamiento se basó en la forma “ x tiene derecho/deber hacer p” que implicaba una conclusión interpretativa. Los criterios de validez moral se vertieron en jurídicos. El juez sentenció que nadie puede beneficiarse (cobrar su herencia) de su propio delito (asesinar). El juez había hecho uso de un principio de peso, de contenido, a partir de la mejor interpretación constructiva política y moral de las decisiones legislativas y judiciales del momento. Había sopesado, ponderado, interpretado para emitir un definitivo juicio de valor. Según Dworkin el Derecho ha de integrar la moral en forma de principios, que también son componentes de la fuerza de la ley como una norma o regla. Si bien ningún principio es aplicable como ley, su peso de razonamiento en una sentencia es concluyente. El Derecho ha de distinguir entre lo que es la ley y lo que la ley es mediante interpretación, emitiendo juicios valorativos. Para Dworkin la presencia de principios jurídicos, en cualquiera país, determina una conexión válida, adecuada y necesaria entre Derecho y Moral que conduce al “Derecho como Integridad”. El papel que ejerce los principios en un sistema jurídico ha de ser concebido como el motor interpretativo de su configuración política y moral que se revalida o se transforma mediante elecciones democráticas a partir de la voluntad popular (poder soberano). Dworkin, en lugar de enfrentarse al derecho natural cuya voluntad nadie sabe aún por dónde aparece si no es en forma divina o mística, toma la dirección de la voluntad de la soberanía popular en cuanto a política y moral: una práctica social en su sentido más universal. Sin interpretación solo lograríamos verdaderas determinaciones jurídicas de carácter lineal.

2. Similitudes entre el neopositivismo exclusivo y el neopositivismo normativo.

La tesis de la separabilidad entre Derecho y Moral –diametralmente opuesta a la del Derecho como Integridad, de Dworkin- constituye la plataforma filosófica del neopositivismo jurídico que contiene tres vertientes: la del neopositivismo exclusivo (Kelsen no reconoce voluntad en la Naturaleza, sino solo en la ley que el hombre crea como ficción), la del inclusivo (que abordaremos en otro apartado) y la del ético o normativo. La principal similitud entre el neopositivismo exclusivo y el normativo es que ambas concepciones del Derecho se erigen en científicas, abordando el orden jurídico de forma sistémica. Ambas concepciones utilizan un mismo método, el de la perspectiva neutral, para abordar el estudio del Derecho. Éstas dos corrientes neopositivistas distinguen, a partir de los hechos sociales, el Derecho como es y como ha de ser. Consecuentemente niegan la tesis de la conexión necesaria entre Derecho y Moral, apostando por su separabilidad en el sentido de que el Derecho no depende de su adecuación con contenidos morales. En todo caso, el neopositivismo exclusivo afirma que lo que el Derecho es no puede depender de su adecuación a la moral. También es cierto que el neopositivismo ético o normativo, que aplica el Derecho de forma próxima al formalismo jurídico, podría recurrir a la moral crítica de forma autónoma como causa de justificación en derecho penal, aunque su máxima se enmarca en la concepción de lo que el Derecho es no depende de su adecuación a la moral. Este matiz importante da cuenta de la prudencia que se tiene al dotar de contenido moral al Derecho. El neopositivismo ético si se acerca y toma algunos contenidos morales lo hace con extremada cautela. La tesis de los neopositivistas exclusivos que manifiesta que la determinación de lo que el Derecho es no puede depender de la adecuación moral, difiere sutilmente de la tesis de los neopositivistas éticos en el sentido determinante que lo que el Derecho es no depende de la adecuación moral. En otras palabras, nos lleva a concebir que el neopositivismo ético pudiera recurrir a la moral crítica y motivada en determinadas circunstancias tal como habíamos remarcado, como una contingencia autónoma que reforzase la racionalidad jurídica. En todo caso, está fuera de todo duda que ambas formaciones neopositivistas postulan y prescriben la inadecuación del Derecho con la moral doctrinaria como principal tesis de separabilidad.

3. ¿El neopositivismo inclusivo puede ser considerado una posición iusnaturalista?

La posición del iusnaturalismo o derecho natural tiene como baza la conectividad necesaria entre Derecho y Moral positiva que prescinde de justificación (se impone como un mandato imperativo). Concibe el Derecho desde una perspectiva o divina (Agustín de Hipona), o natural (Locke) o racional (Kant). El neopositivismo inclusivo o de incorporacionismo, cuyo representante más destacado podría ser el profesor J. J. Moreso –decano de la Facultad de Derecho de la U.P.F.-, afirma que la determinación del Derecho está configurada a través de los hechos sociales que podrían, de manera contingente, basarse en estándares morales reconvertidos en jurídicos. El neopositivismo inclusivo incide que lo que el Derecho es no necesita depender de la moral. No necesita depender incondicionalmente de ella, sino que la validez jurídica de las normas, de estos estándares morales reconvertidos en jurídicos, podría depender de su validez moral de forma contingente o circunstancial, pero no necesita, no precisa de la adecuación o conectividad de la moral interna tal como el iusnaturalismo postula. En todo caso es importante realzar que si no existieran estos preceptos jurídicos –preceptos que incorporan conceptos morales-, entonces la validez jurídica no dependería de la moralidad. La incorporación de la moralidad será incorporada como adecuación al Derecho, pero sólo de manera contingente o circunstancial ateniéndose a los hechos sociales determinantes que conducen a ciertas argumentaciones morales que el sistema jurídico admite. Esta sería la defensa que se le efectuó a Hart, -máximo exponente del neopositivismo metodológico que distingue el Derecho como es y como debe ser desde un enfoque neutral y científico-, ante las críticas de Dworkin. Si bien Dworkin puede ser considerado antineopositivista, no podemos afirmar que sus presupuestos sean del todo iusnaturalistas. Su alejamiento de una voluntad inanimada en forma de mandato imperativo y su apuesta por la voluntad soberana y democrática es toda una construcción moral crítica y por tanto motivada.

Y termino con una reseña. Sería Fuller el primer teórico y representante de la conectividad entre Derecho y Moral positiva, siendo paradigma del iusnaturalismo, tras la Segunda Guerra Mundial. A través de este profesor de Harvard la metodología procedimental, el derecho procesal, toda normativa, reglamento o disposición dejarían de lado los presupuestos formalistas para nutrirse de contenidos imperativos legalistas con la finalidad de evitar gobiernos déspotas. El referente de la Constitución de Weimar que llevó al nazismo al poder, fue la causa por la que Fuller reconsiderara y dotara explícitamente de contenidos democráticos las dimensiones procedimentales de los ordenamientos jurídicos. En la actualidad podríamos citar a Nino y Rawls (a este último le dedicaremos una especial atención)

La Independència de Catalunya

La temàtica  sobre una hipotètica independència de Catalunya i la seva situació davant la Unió Europea (UE), des de les vessants del Dret Internacional Públic  i l’argumentació jurídica.

L'art. 4.2 del Tractat d'Unió Europea (TUE) és del tot indeterminat i abstracte. Els qui s'acullin a aquest articulat demostraran no només poques llums jurídiques,  sinó que en virtut de la seva concepció sobre Dret de la UE  deambularan i es perdran en la via morta de l’ontologia política. Entenc que la UE no és encara una unitat política, si de cas és un projecte que ara per ara no es contempla sinó en les aules universitàries a partir de les propostes de J. Habermas. A manca d’articles específics, clars i precisos, tant en el TUE com el el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), ens ha de prevaler l'argumentació jurídica i el Dret Internacional Públic.  D'acord amb Hans Kelsen,  la supremacia del Dret Internacional Públic sobre el domèstic o intern,  pel que fa al dret a l'autodeterminació es podria iniciar la seva  instrumentalització a partir de l'art. 10.2,  Constitució Espanyola (CE), sobre drets fonamentals que la Constitució reconeix, -no indica el termini “recull”- i que s’interpretaran a la llum dels tractats internacionals. Pel traç de l’estela del Dret Internacional Públic, a tenor  de l’art. 1, del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP), es determina el dret a la lliure determinació de tots els pobles. Aquest tractat internacional té força vinculant, té força de llei, i és  en vigor des de 1976, i subscrit per l'Estat espanyol, però no és aplicable a Catalunya perquè no és cap colònia ni menys un Estat, característiques bàsiques del Dret Internacional Públic.

Insistirem. No hi ha cap article ni en els successius TUE ni en els TFUE que estableixi un supòsit similar en el qual una part d'un Estat es vulgui independitzar d'aquest Estat. Com tampoc hi ha cap argumentació jurídica fonamentada per “analogia” perquè senzillament es tracta d'ex novo. Si no hi ha cap argument per “analogia”, en canvi sí que en l'esfera de l'argumentació hem trobat  fonaments d'argumentació “a contrario”.

Cal destacar, com a motor d'arrencada, el fet històric de la desaparició de l'antiga República Democràtica Alemanya que es va desintegrar amb la caiguda del mur de Berlín, el 1989. Quan la RDA es va integrar a l'antiga República Federal Alemanya (RFA) no només es van variar fronteres. Alhora va haver transfusions de població d'ambdues parts del nou territori, i a més,  l'estructura política de l'antiga capital de Bonn es va traslladar a la nova capital de Berlín (que havia estat la capital de l'Estat de la RDA), procedint literalment a la liquidació de la RDA. Es va passar de la RDA a la RFA recobrant l'essència de l'Estat d'Alemanya, un nou Estat a efectes formals i materials. Curiosament cap Estat membre de la UE va obstaculitzar la reunificació alemanya ni menys el seu ingrés a la UE perquè es va entendre que l'antiga RFA ja era un Estat membre (de la UE) pel qual se li va adherir altre Estat, el de la RDA.

No caldria subratllar de nou el significat d'Estat que comporta una població que viu en un territori delimitat i gaudeix de sobirania política, sinó és sobre l'evidència que Catalunya ja té població i territori inserits a la UE. Els ciutadans de Catalunya són europeus en essència i pertanyen a la UE. Li faltaria sobirania que automàticament la obtindria en l'instant que s'independitzés de l'Estat espanyol, configurant-se en un nou Estat de la UE, a contrario de la nova Alemanya, del 1989. La població i el territori de Catalunya formen part ja de la UE des de 1986. La seva sobirania absorbida per l'Estat espanyol fins el dia de la Independència, suposaria abandonar la titularitat formal d'espanyols que l'Estat antic havia afegit als catalans. Per tant, si d'un Estat s'ha creat dos Estats, tampoc caldria tornar a sol · licitar l'entrada a la UE per ambdues parts, i per això a contrario, de la RDA i RFA, Catalunya, cas d'independitzar-se, no quedaria fora de la UE.

D’aquí provenen aquests seriosos dubtes que han deixat entreveure Almunia i Reding, en privat, encara que després aquesta última ha manifestat que assumeix, com si digués que ha llegit i ha entès, la carta remesa pel secretari d'Estat per a la UE,  Méndez Vigo, sent un tema domèstic que les parts han de solucionar. Aquestes fonts de la Comissió que indiquen la “unanimitat” sobre aquesta problemàtica (també sobre Escòcia?) no especifiquen ni identifiquen cap fonament jurídic perquè simplement no existeix, ni tampoc aporten una mínima argumentació que no sigui  política per sortir del pas, ja que el nerviosisme d’un Estat espanyol sense Catalunya possiblement derivaria cap l’Àfrica, deslligant-se d’Europa, tal com l'Estat espanyol és percebut a les esferes internacionals. Serà cert allò que deien de la vocació africanista del general Franco.